LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE FUERO DEBEN ALENTAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A RENDIR CUENTAS CLARAS: GPPRI

El PRI en la Cámara de Diputados votó a favor de la reforma a los artículos 108 y 111 Constitucionales, en materia de fuero, a fin de ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser imputado y juzgado el titular del Ejecutivo Federal, con el objetivo de alentar que esta figura jurídica no sirva más, como herramienta al servicio de la impunidad, estableció el diputado federal, Cruz Juvenal Roa Sánchez.

Al fijar la posición del GPPRI, desde la Tribuna, el legislador puntualizó que, el fuero es un privilegio para el servicio público del cual gozan altos funcionarios y aunque lamentablemente no se alcanzaron acuerdos para lograr una reforma de fondo en el sistema jurídico, los cambios permiten retomar el camino que siguieron los primeros constituyentes, para exigir al Ejecutivo Federal rinda cuentas de sus actos.

Insistió, el fuero se mantiene como mecanismo de protección ante posibles abusos o falsos testimonios que pudieran surgir como efectos perversos de la lucha por el poder político y está regulado en la Carta Magna, para proceder penalmente contra el Ejecutivo Federal, se deberá acusarlo primero ante la Cámara de Senadores y atenerse al procedimiento constitucional previsto en el artículo 110 relativo al juicio político; es decir, el mecanismo se mantiene intacto.

Roa Sánchez explicó que la reforma que, pudo ser de mayor alcance, abona al desarrollo de la democracia, con la intención es construir pesos y contrapesos e incluso cerrar paso al crecimiento de un hiper-presidencialismo; además de dotar a los ciudadanos de certeza jurídica, para exigir un trato igualitario en la aplicación de la justicia.

Una vez precisado que el fuero persiste como mecanismo de protección, ante posibles abusos o falsos testimonios que pudieran surgir como efectos perversos de la lucha por el poder político, el legislador priista expuso la modificación y consisten en ampliar el catálogo de delitos, por los cuales podrá ser imputado y juzgado el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Se incorporan delitos como el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa -habitación.

Lo mismo, se le podrá castigar por casos de corrupción, el uso de programas sociales con fines electorales, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, ello incluye delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Otras delitos que se introducen son: la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; los cometidos con medios violentos como armas y explosivos y faltas graves que determinen las leyes respectivas en materia de seguridad nacional, libre desarrollo de la personalidad y salud.

“Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en que los delitos que más afectan y ofenden a la sociedad, deben ser castigados, independientemente de que se trate de un ciudadano común o del Presidente de la República”, refrendó Roa Sánchez.

La reforma dijo, es necesaria, debido a que no puede existir duda sobre la actuación apegada a derecho, de un servidor público y menos del Jefe del Ejecutivo Federal.

En el proceso de las reservas, el también diputado priista, Enrique Ochoa Reza, solicitó a la Asamblea dos cambios en la redacción, el primero, para adoptar un lenguaje de género; pidió quitar el título de Presidente de la República, para poner “la persona que ocupe la Presidencia de la República”, en razón de que en un futuro, México tendrá una presidenta y la redacción debe ser clara e inclusiva, para una mujer como para un hombre.

El segundo ajuste propuesto al texto, fue de técnica legislativa y consistió en, evitar citar primero los delitos de corrupción, luego los de fraude electoral y después los otros, lo mejor dijo, es remitirse a todos los delitos que forman parte del artículo 19 de la Constitución, que son graves y forman parte de un catálogo de conductas delictivas donde se incluyen la corrupción y los delitos electorales. Ninguna de las dos propuestas fue aceptada por la mayoría parlamentaria del partido en el poder.

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